La Agencia Catalana del Agua nació con los grandes retos del Plan de Saneamiento de aguas residuales iniciado años atrás. Eran inmensos y absorbieron la mayoría de los esfuerzos financieros en detrimento de los demás aspectos de la gestión del agua. Los regadíos quedaron fuera de la ecuación competencial y financiera. Pero además, el ACA asumía la necesidad de hacer frente a las necesidades de garantía de abastecimiento de unas cuencas internas con recursos escasos y una pluviometría que de vez en cuando se desbocaba en inundaciones.
A pesar de ello, la empresa pública Agencia Catalana de l’Aigua nació con una economía débil. Técnicamente, estaba en situación próxima a la quiebra. No obstante, y durante unos años pudo disponer de dos muletas:
- Los Fondos de Cohesión europeos, que le permitían seguir financiando inversiones.
- El canon del agua, insuficiente, pero cuya recaudación en las zonas metropolitanas permitía financiar los costes de explotación de las depuradoras construidas en las poblaciones medianas y pequeñas de Cataluña.
El equilibrio se rompió cuando se construyeron las grandes depuradoras metropolitanas de aguas residuales. Los costes de explotación desequilibraron el presupuesto ordinario del ACA. En paralelo, se acabó el flujo de fondos de cohesión, con lo que el ACA tuvo que restringir drásticamente el programa de inversiones.
Desde el punto de vista institucional, son de destacar algunas singularidades de la administración catalana del agua:
- Su inclinación a la gestión ambiental y al agua urbana, heredada de los años anteriores. El ACA se diseñó como un instrumento político orientado a satisfacer la sensibilidad de los movimientos sociales ascendentes en la década de los 90: las asociaciones vecinales y el ecologismo urbano. Una buena muestra de la ligereza de la política hidráulica catalana fue el Pacto del Tinell de 2003, que dio lugar al primer gobierno catalán de izquierda, cuyo primer punto en la materia se refería a que no se tramitarían nuevos proyectos de campos de golf. El segundo, era la oposición a los trasvases de Ebro y del Ródano.
- El Consejo de administración del ACA incluía a algunos responsables de la gestión del agua, como municipios y organizaciones empresariales, junto a organizaciones sociales sin responsabilidad en la administración del agua o representantes de la administración autonómica cuyas únicas aportaciones solían ser asegurar la mayoría en las votaciones. Los debates se centraban, principalmente, en las inversiones, la fiscalidad y la asignación de fondos para la gestión de las depuradoras existentes. El agua aparecía relacionada las preocupaciones ambientales, su calidad y flujo, pero apenas con los problemas de gestión de las concesiones o de planificación prospectiva. El primer ciclo de planificación hídrica no empezó hasta 2009 impulsados por la Unión Europea al amparo de la Directiva Marco recogida en la normativa catalana.
- La ausencia de las comunidades de regantes, ya sean de las CIC y de la parte catalana del Ebro. El sector agrario estaba representado por organizaciones generales, cuya acción pública orientada a la defensa de los intereses del sector no está específicamente orientada a la gestión del agua.
- La progresiva distancia entre el ACA y la CHE. La política de regadíos y las necesarias relaciones que impone el gobierno compartido de la zona con mayores recursos de agua de Cataluña se han ido abandonando. En la parte catalana de Ebro, y en especial en las comunidades de regantes de esa zona, la distancia creada ha sido enorme, con gran frecuencia por incomparecencia del ACA.
- En 2003 se aprobó el Decret legislatiu 3/2003 que atribuye a la Generalitat la planificación hidrológica en las CIC y la participación en la planificación hidrológica en lo que afecta a la parte catalana de las cuencas de los ríos Ebro, Garona y Júcar. Esa planificación atiende, entre otros objetivos, a garantizar la suficiencia y el uso sostenible del recurso. De esa planificación hidrológica se excluyó el regadío, que siguió referido a la normativa española en materia de aguas y a la que la Generalitat ha desarrollado en materia de agenda rural.
- La insostenible situación financiera aconsejo la creación de un Comité de expertos que en mayo 2005 dio lugar a un Informe publicado por el Institut d’Estudis Autonòmics sobre el nuevo modelo de actuación y financiación de la Agencia Catalana de l’Aigua. El informe constata la situación límite del ente y propone el reconocimiento del aumento de costes y un incremento significativo de la recaudación fiscal aplicada al agua urbana e industrial.
- La sequía de 2008 acentuó la crisis económica del ACA que se añadió a la crisis económica general. La inacción fiscal arrastró també a Aigües Ter Llobregat, que en 2012 resultó privatizada en un procedimiento polémico y costoso. El mismo año se aprobaron medidas fiscales significativas bajo presión, pues había que reducir y sanear la deuda.
Cuando en 2018 se pone en marcha la ejecución de las resoluciones judiciales que anulan la concesión de 2012, ATLL recibe un préstamo de 150 M€ del Govern para que la nueva empresa pública ejecute inversiones en su ámbito. El Plan de inversiones de ATL para el período 2019-2023 incluye actuaciones que permitirán intensificar el uso del agua del Llobregat, incrementar la disponibilidad de agua desalinizada y reducir progresivamente las extracciones de agua del Ter. La ampliación de la desaladora del Tordera es una de las obras principales incluidas en este Plan. Sin noticias.
Entretanto, el ACA se ha saneado financieramente. El drástico plan diseñado y ejecutado ha invertido la dinámica histórica. Hoy el ACA es solvente. Tiene dinero en el banco, 540 M€, pero hasta que la sequía actual no asomó la cabeza, no empezó a pensar en invertirlo. Los hechos van con mucho retraso sobre las promesas.
La sequía actual ha puesto sobre la mesa las contradicciones históricas que arrastra la institución. Por una parte, no ha sido capaz de responder a su principal misión, la garantía de disponibilidad del recurso. Por otra, la relación ambigua y distante con el sector agropecuario ha producido la paradoja de verse contestada por un sector con el que las relaciones eran muy mediatizadas per el departamento de agricultura (que en la configuración actual es, paradójicamente, el que alberga el ACA). Y es que, como ya se ha dicho, la historia i la estructura de gobierno del ACA se han orientado, desde el principio, al agua urbana y a la gestión ambiental (que también ha sido contestada por la reducción de caudales ecológicos).
El ACA está en plena crisis de autoridad. Hay quien propugna su disolución. Veremos los equilibrios que resultan del proceso electoral en Cataluña y cómo repercuten en la política de agua. Mi punto de vista es que el ACA ha sido, y es, un instrumento de la política de agua del Govern. Los signos externos muestran que es el Govern el que no cree en ella, pues su propio presidente acostumbra excusar su asistencia a los consejos de administración.
Antes de decidir sobre su futuro hay que ver cómo unificar los fragmentos de esa política de agua de modo que, a la manera de las confederaciones históricas, tengamos un organismo de cuenca que agrupe necesidades e intereses, reconozca prioridades, costes y esquemas financieros y relance de modo constructivo la relación con la CHE. A partir de aquí habrá que ver hasta qué punto el ACA es o no el instrumento adecuado para una nueva etapa que permita aprender de los errores.
