La gestión del agua es una de las mayores preocupaciones para Miguel Arias Cañete desde que llegó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La planificación hidrológica y la calidad de las aguas son los dos frentes en torno a los que gira una gestión marcada por la “economía de guerra”. Por delante, una regulación normativa que aporte seguridad jurídica al operador. El ministro del agua nos recibe en su despacho.
Pregunta.- Señor Cañete. ¿Cuál es su primer recuerdo sobre la política del agua en España?
Respuesta.- Desde pequeñito me interesaba por el Tribunal de las Aguas de Valencia.
P.- El Ministerio que dirige abarca numerosas y muy diferentes áreas de actuación. ¿Es la política del agua el mayor reto al que se enfrenta su departamento?
R.- Es, sin duda, uno de los mayores retos de este Ministerio, en primer lugar porque la política del agua es estratégica para España y, en segundo lugar, aunque no menos importante, porque la herencia que recibimos en materia de agua se puede calificar cuando menos de preocupante no sólo por los incumplimientos con los que nos encontramos, sino porque esos incumplimientos pueden acarrear a nuestro país sanciones económicas muy importantes.
Por poner sólo unos ejemplo, en materia de planificación hidrológica de los 25 planes que debían haberse aprobado antes de diciembre de 2009, cuando llegamos al Gobierno sólo se había aprobado uno, el de las cuencas internas de Cataluña, un incumplimiento que, como les comentaba, nos puede suponer importantes sanciones de la Unión Europea.
En 2014 comenzaremos a fraguar las bases para alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua
Aunque este no es, por desgracia, un hecho aislado, ya que el anterior Gobierno tampoco cumplió sus compromisos en materia de calidad de las aguas. Las actuaciones recogidas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas estaban tan retrasadas que, cuando llegamos al Gobierno, Europa ya nos había abierto dos expedientes sancionadores.
Capítulo aparte merece el tema de las desaladoras, infrautilizadas porque al Gobierno anterior no se le ocurrió pensar, antes de construirlas, si el precio que iba a costar esa agua desalada podía ser asumido por los futuros usuarios.
Nos queda aún mucho por hacer en materia de agua, pero hemos conseguido dar un vuelco a este panorama, estamos demostrando que se puede avanzar, trabajando mucho y sin ruido, en colaboración con todas las administraciones y usuarios para lograr una gestión eficaz de este recurso básico.
P.- Durante los primeros meses de la legislatura escuchamos hablar reiteradamente de la herencia recibida ¿Estaba preparado el Gobierno para afrontar la situación que se encontró? ¿Cómo lo hizo?
R.- La situación con la que nos encontramos superaba negativamente cualquier previsión, si bien con muchísimo trabajo, esfuerzo y diálogo estamos superando este escenario.
En materia de planificación hidrológica ya hemos conseguido sacar adelante 13 planes de cuenca, a los que seguirá próximamente el Plan del Ebro y, a finales de este año o en los primeros meses del próximo, aprobaremos los de las cuencas del Tajo, del Segura y del Júcar, concluyendo así el proceso de planificación. Además, paralelamente ya hemos iniciado los trabajos que dan inicio al segundo ciclo de planificación (2015-2021).
El próximo año comenzaremos, además, a fraguar las bases para alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua, que, con el máximo consenso, nos permita gestionar este recurso escaso y vital de manera solvente, y a partir de ahí formular un Plan Hidrológico Nacional que asegure el suministro de agua en suficiente cantidad y calidad, con el acuerdo de apoyo solidario de todas las comunidades autónomas.
En materia de depuración, la ejecución de infraestructuras de saneamiento se ha convertido en una de las inversiones prioritarias para este Ministerio. Estamos priorizando las inversiones para superar el retraso acumulado, ya que seguimos manteniendo nuestro firme compromiso de dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Europea en materia de depuración, licitando las actuaciones que estaban más avanzadas y buscando fórmulas alternativas de financiación a través de las sociedades estatales para la ejecución de aquellas actuaciones que no se pueden realizar con el presupuesto de la Dirección General del Agua.
La ejecución de infraestructuras de saneamiento es una de las inversiones prioritarias
Mientras, por lo que respecta a la desalación, estamos estudiando cómo integrarlas en el sistema de agua de una forma razonable para que puedan ofrecer un producto cuyos costes puedan ser asumidos por los usuarios.
P.- Ustedes han criticado muy duramente el Programa AGUA del anterior Gobierno, y en especial la construcción de desaladoras. ¿Son conscientes de que estas críticas han sentado mal a empresas españolas que son líderes mundiales en el mercado de la desalación?
R.- El Gobierno no ha criticado nunca la técnica de la desalación ni, por supuesto, a las empresas especializadas, que son pioneras y que han llevado el nombre de España por muchos países del resto del mundo, lo que hemos criticado es la nula planificación del anterior Gobierno a la hora de diseñarlas.
El Gobierno no ha criticado la técnica de la desalación ni a las empresas especializadas
El Ejecutivo anterior derogó el trasvase del Ebro y, como alternativa, planificó la construcción de una serie de desaladoras. Ocho años después, y tras una inversión de cerca de 2.000 millones de euros, lejos de los 800 millones de euros previstos inicialmente, sólo una, la de Marbella, que además se compró ya construida, estaba en funcionamiento. Pero es que, además, se había acordado con los usuarios unos precios de venta del agua desalada de 0.30/0.40 euros por metro cúbico, cuando sólo el coste de producción es mayor que éstos.
Además, cuando llegamos al Gobierno descubrimos que teníamos que destinar otros 762 millones de euros para terminar las desaladoras en ejecución, a pesar de que sabemos que no existe prácticamente demanda de agua desalada.
Ante este panorama, lo responsable, para no perder lo ya invertido, es diseñar cómo integrarlas en el sistema de agua de una forma razonable, sensata, y para eso hay que tener en cuenta hasta dónde pueden llegar los usuarios, programar las transiciones de un sistema a otro y buscar ámbitos de colaboración.
Es decir, no criticamos el modelo sino su falta de planificación, y es que estamos convencidos de que las desaladoras podrían jugar un papel importante como una fuente de abastecimiento adicional no convencional que, cuando las circunstancias lo exijan, permitan colmar la demanda que no se puede atender con los recursos convencionales.
La pésima planificación ha hecho que todo el Mediterráneo esté salpicado de desaladoras cuyo agua nadie quiere utilizar
Lo que este Gobierno crítica es, por tanto, la pésima planificación en esta materia, que ha hecho que todo el Mediterráneo esté salpicado de desaladoras cuyo agua nadie quiere utilizar, pero no la técnica ni a las empresas españolas del sector, fuertemente competitivas y con una experiencia y un saber hacer reconocidos internacionalmente, y a los que este Gobierno apoya y promociona, también a través de este Ministerio y de su Marca Agua España.
P.- Cuando aterrizaron en el Gobierno se encontraron varios procedimientos sancionadores abiertos por parte de la Comisión Europea respecto al cumplimiento de las Directivas europeas de calidad del agua. Varias fuentes cifran los costes en 900.000 euros mensuales, ¿nos puede confirmar esta cifra?
R.- En la actualidad, España tiene tres procedimientos sancionadores abiertos porque el anterior Gobierno no cumplió con sus compromisos de depuración, uno con condena ya firme, el que nos exige garantizar la depuración adecuada a todos los grandes núcleos urbanos de más de 15.000 habitantes que aún no cumplen las directrices europeas y otros dos más, en diferentes fases administrativas, que hacen referencia al incumplimiento en materia de depuración en las llamadas “zonas sensibles” y en pequeñas aglomeraciones.
Aún es pronto para hablar de una cifra, porque no es fácil aventurar la cuantía de la sanción que ya es firme, dado que Europa, a la hora de establecer la multa, tiene que tener en cuenta una serie de coeficientes en función de la gravedad del caso, la duración del incumplimiento, la capacidad de pago del Estado Miembro. Por consiguiente, en este momento, no estamos en situación de dar una cifra, siquiera estimativa, del importe al que podría ascender la sanción.
Lo que está haciendo el Gobierno para conseguir que finalmente la sanción que se nos imponga sea la más pequeña posible es priorizar las inversiones en esta materia. El pasado año licitamos 40 contratos correspondientes a otras tantas actuaciones incluidas en el Plan Nacional de Calidad de las Aguas por un importe de más de 300 millones de euros, y, en lo que va de año hemos licitado actuaciones también muy importantes como Villapérez y San Claudio en Asturias, Orense, Burgos, Soria o Badajoz .
En 2012 licitamos 40 contratos del PNCA por más de 300 millones de euros
Confío que la buena actuación del Gobierno nos permita rebajar la sanción que nos llegará de Europa por los incumplimientos del Gobierno anterior. En todo caso no debemos olvidar que las competencias en saneamiento son de los Ayuntamientos con auxilio financiero de las Comunidades Autónomas que también deben incrementar sus esfuerzos para que entre todos logremos alcanzar el buen estado de las aguas.
P.- ¿Por qué no ha cumplido España con los plazos establecidos por Europa para tener cerrados los planes hidrológicos de cuenca?
R.- Como ya he dicho antes, de los 25 planes hidrológicos que debían estar aprobados el 31 de diciembre de 2009 sólo nos encontramos aprobado uno, el de las cuencas internas de Cataluña. Se trata de un incumplimiento que podría suponer para España hacer frente ahora a sanciones de unos 80 millones de euros.
El retraso en el cumplimiento de la DMA puede conllevar sanciones por 80 millones
P- ¿Por qué no se aprobaron estos planes en tiempo?
R.- Porque cada vez que se aprueba un plan de cuenca hay quien se siente ganador y a quién otros señalan como perdedor, y el Gobierno socialista pensó que era mejor no hacer nada y que otros pagaran las multas.
Sacar adelante un Plan de cuenca cuesta mucho trabajo, mucho diálogo y mucho consenso, que el Gobierno socialista no supo o quiso encontrar.
Desde que llegamos al Gobierno nos propusimos acabar con esta situación y el trabajo está dando sus frutos, hemos aprobado 13 planes de cuenca, a estos se unirá el del Ebro, que se aprobará a finales de año, para en los primeros meses del próximo aprobar los últimos planes pendientes, Tajo, Segura y Júcar, y, a partir de ese momento, comenzar a sentar las bases de lo que será un gran Pacto Nacional del Agua.
P. ¿Qué es el Memorándum del Tajo-Segura?
El Memorándum es una muestra más de la voluntad que tiene este Gobierno por alcanzar acuerdos en materia de agua desde el diálogo y la colaboración.
Se trata de un documento, firmado el pasado mes de abril entre el Ministerio, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, a raíz del cual se constituyó un grupo de trabajo, un foro de debate y análisis para hablar de la gestión del agua, integrando a todas las partes, y dando respuesta a las preocupaciones de todos los usuarios del agua.
El Memorandum Tajo-Segura es un ejemplo de superación de "la guerra del agua"
Como ya he comentado, algunos aspectos de ese Memorándum tendrán rango de ley, de hecho, ya se ha impulsado la modificación legislativa.
Estoy convencido de que es un ejemplo de superación de "la guerra del agua" sustituyéndolo por cooperación, concordia y conciliación en materia de agua.
P.- ¿Le gustaría poner en marcha el Trasvase del Ebro?
R.- La prioridad del Gobierno y la del Ministerio que dirijo es aprobar todos los planes de cuenca, lo que nos permitirá conocer la realidad y las necesidades hídricas de cada zona y, a partir de ese momento, abordar un gran Pacto Nacional del Agua que, desde el consenso, permita garantizar las demandas protegiendo el medio ambiente. Resultado de ese pacto será la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contemple los acuerdos del pacto y materialice sus objetivos. Un plan fruto de la racionalidad y que sólo abordaremos tras conocer cuáles son los recursos hídricos disponibles en cada uno de los ríos españoles.
De antemano, por lo tanto, no excluimos ninguna posibilidad, siempre que puedan avalarse con criterios técnicos y científicos.
P.- ¿Qué opina sobre la administración del agua en España, cree que está bien organizada?
En materia de agua queremos estar a la vanguardia de la Unión Europea
R.- El agua en España es un bien escaso que, además, está distribuido de manera muy irregular, lo que implica que nunca haya sido fácil hacer políticas relacionadas con el agua, y menos cuando muchos grupos se han empeñado a enfrentar unas comunidades autónomas con otras en lugar de buscar soluciones de consenso.
España se plantea importantes retos en materia de gobernanza, para mejorar nuestro sistema de gestión y profundizar en la aplicación de la legislación europea en materia de agua, siguiendo la senda marcada por la Comisión Europea en su documento Blueprint. Este es un reto al que debemos dar respuesta y en el que estamos trabajando.
P.- Recuperación de costes, calidad por encima de cantidad… ¿Le gusta a usted la filosofía de la Directiva Marco del Agua? ¿Cree que está pensada para los países que tienen recursos hídricos en abundancia y, por ello, es difícil de aplicar en España?
España comparte y apoya la política europea del agua
R.- Yo creo que muchos de los objetivos de calidad que nos marca la Unión Europea, hoy en día son demandados por los propios usuarios que, por ejemplo, cada día nos reclamaban ríos más limpios. Es cierto que conseguir alcanzar esos objetivos nos está obligando a hacer importantes inversiones que requerirán variar el modelo de financiación. Son asuntos que están sobre la mesa, que estamos estudiando y que tendremos que asumir porque en materia de agua queremos estar a la vanguardia de la Unión Europea.
La política europea apuesta por la gestión sostenible y racional de todos los recursos naturales, y el agua ni es ni puede ser una excepción. Y eso lo sabemos muy bien en un país como el nuestro donde padecemos un déficit estructural de recursos hídricos. España comparte apoya la política europea del agua. Y comparte y apoya la necesidad de profundizar en la aplicación de la legislación europea en materia de agua, puesta de manifiesto por la Comisión Europea en su documento “Blueprint” y mejorar la eficiencia en el uso del recurso (impulsando precisamente las herramientas económicas de la gestión del agua), reforzar la base científica que soporta la toma de decisiones en la asignación de recursos y promover una integración trasversal del agua en las distintas políticas sectoriales (agricultura, energía, transporte, industria, turismo, etc.) a fin de reconducir la política del agua hacia la senda de la sostenibilidad.
P.- ¿Cree que la agricultura española utiliza eficientemente el agua?
R.- Creo que todavía queda mucho por hacer en materia de modernización de regadíos y de eficiencia en el manejo del agua.
Tengo la cabeza donde la tengo que tener: en este Ministerio, que requiere todo mi esfuerzo y dedicación
P.- Recientemente se ha aprobado el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental ¿cuáles son sus objetivos? ¿En qué afectará al sector del agua?
R.- Este proyecto garantiza con más intensidad la protección del medio ambiente, es coherente con las tendencias regulatorias de la Unión Europea, simplifica trámites y homogeniza la aplicación de la política medioambiental en España, lo que contribuirá a una mejor defensa del medio ambiente, también en materia hídrica.
Este proyecto tiene como objetivos reforzar la protección del medio ambiente mediante una ley plenamente garantista; simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la evaluación ambiental (por ejemplo, para los proyectos y actuaciones que se lleven a cabo en materia de agua); y establecer una legislación homogénea en todo el territorio.
P.- Usted se encuentra entre los ministros mejor valorados, pero con una nota media de tan sólo un 3,25. ¿Sensación agridulce?
La planificación hidrológica ha pesado muchas veces en el mapa político
R.- Sensación de tranquilidad. Yo me dedico a cumplir el programa electoral con el que mi partido se presentó a las elecciones, y me ocupo muy poco de las valoraciones.
P.- Varias quinielas le sitúan encabezando la lista al Parlamento Europeo o como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía ¿acabará la presente legislatura en esta cartera?
R.- Esas quinielas… yo tengo la cabeza donde la tengo que tener, en este Ministerio que requiere todo mi esfuerzo y dedicación.
P.- ¿Cómo han afectado las posturas sobre la planificación hidrológica nacional al mapa político de España en los últimos 30 años?
R.- No podemos obviar que, efectivamente, la planificación hidrológica ha pesado muchas veces en el mapa político, debido sobre todo a que el agua se ha utilizado como arma arrojadiza en aquellas comunidades en las que existen o existía el temor de que se aprobara un trasvase.
Debemos ser más solidarios y olvidarnos de disputas territoriales
Yo creo que esa situación tiene que cambiar, el Gobierno debe garantizar la mejor distribución de las aguas en todo su territorio. Debemos ser más solidarios y olvidarnos de disputas territoriales.
P.- ¿Es la política del agua un reflejo de nuestra incapacidad para articular consensos que permitan avanzar en una senda común más allá de los vaivenes electorales?
R.- El problema que ha tenido este país, a mi juicio, es que ha habido partidos que han tratado de ganar votos, o de no perderlos, usando como arma el agua, tal como le acabo de apuntar.
El objetivo de este Gobierno es acabar con esta situación, de ahí la importancia de alcanzar ese gran Pacto Nacional del Agua que abordaremos al concluir todos los planes de cuenca. Queremos que el agua deje de ser un arma arrojadiza y se convierta en lo que es: un bien limitado, escaso e imprescindible que debemos gestionar adecuadamente para responder de forma adecuada a las demandas de los ciudadanos.
P.- El PP gobierna España y en Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y Comunidad Valenciana, las comunidades autónomas más sensibles a las decisiones sobre el agua. ¿Estamos ante una oportunidad irrepetible para alcanzar acuerdos que han estado años bloqueados?
Ha habido partidos que han tratado de ganar votos usando como arma el agua
Los presidentes del PP en las diferentes Comunidades Autónomas han dado una lección de sentido común, de racionalidad y de solidaridad. Cada uno defendiendo con toda energía las necesidades de sus territorios, pero entendiendo también la necesidad de conciliar otros intereses.
Yo creo que algo si que ha cambiado, y estoy seguro de que el año que viene, con la aprobación de todos los planes hidrológicos que nos permitirán conocer las necesidades y los recursos de cada cuenca, nos podremos sentar a negociar con datos en la mano para alcanzar ese Gran Pacto que culminará con la aprobación de un nuevo Plan Hidrológico que de respuestas adecuadas a cada necesidad.
Pregunta.- Los presupuestos para políticas del agua han descendido un 50% desde 2008. Con este ritmo inversor, ¿es posible afrontar las obligaciones que tiene pendientes España materias como la depuración?
Respuesta.- El objetivo del Gobierno es lograr el 100% de la depuración de las aguas y conseguir superar los retrasos a los que nos abocó el anterior ejecutivo con su incumplimiento del Plan de Calidad.
Los presupuestos para 2014 son razonables, eficientes y demuestran el ineludible compromiso medioambiental del Gobierno. Las actuaciones relacionadas con el agua contarán con un presupuesto de 2.284 millones de euros, un 3,5% más que las contempladas en el presupuesto anterior.
A los 391 millones de euros que gestiona la Dirección General del Agua hay que añadir los 1.232 millones de euros administrados por las Confederaciones Hidrográficas y los 661 millones de las Sociedades Estatales de Agua.
El principal problema no es que ahora tengamos o no presupuesto suficiente para atender todas las necesidades pendientes, sino cuando sí había más presupuesto disponible no se dedicaron los recursos comprometidos, lo que nos ha costado estos tres expedientes sancionadores a los que antes me refería.
El próximo año seguiremos, por tanto, priorizando las actuaciones en materia de depuración como hemos hecho desde que llegamos al Gobierno.
Las actuaciones relacionadas con el agua contarán este año con un presupuesto de 2.284 millones
P.- En 2007 se aprobó el Plan Nacional de Calidad, que preveía una inversión de 19.000 millones de euros. ¿Qué cantidad se ha ejecutado hasta ahora?
R.- Poder hacer frente a los requisitos europeos significa que tendríamos que invertir hasta 2015 una cifra que oscila entre los 7.500 y los 10.000 mil millones de euros en infraestructuras de saneamiento y depuración. Hasta ahora ya se ha ejecutado un porcentaje superior al 50%.
Las inversiones ejecutadas nos han permitido reducir los incumplimientos con la UE, y nuestro objetivo es continuar trabajando para que los programas de medidas del actual ciclo de planificación hidrológica contemplen todas aquellas actuaciones que permitan un claro avance hacia el cumplimiento de la plena depuración, tanto en este período de planificación como en los próximos.
P.- Una posibilidad que se reclama desde muchos ámbitos para afrontar este déficit en la inversión pública es la Colaboración Público-Privada, ¿Por qué no arranca en España?
R.- En España ya existe la colaboración público-privada, los contratos de gestión de servicio público, a través de los cuales se gestiona el abastecimiento del agua son un buen ejemplo. No obstante, debe mejorarse la seguridad jurídica de los operadores, deben tener plenas garantías de que cobrarán en tiempo por su servicio y que recuperarán su inversión. Y ese será un objetivo principal de nuestra reforma normativa.
Debe mejorarse la seguridad jurídica de los operadores, es prioridad en la reforma normativa
P.- ¿Cómo se ve desde el Gobierno el conflicto suscitado por el proceso de adjudicación de Aigües del Ter-Llobregat? ¿Creen que puede socavar la confianza en la seguridad jurídica España de los inversores extranjeros?
R.- Es un asunto sobre el que ya se ha pronunciado la Justicia y en el que nada ha tenido que ver el Gobierno. En la pregunta anterior ya le he dicho que estamos sentando las bases para dotar de mayor seguridad jurídica a futuros inversores para que no se repitan cado como al que se refiere.
P.- ¿Cómo calificaría su interlocución con el sector empresarial? Cree que es una buena idea la puesta en marcha de una Asociación Sectorial que agrupe a organizaciones como AEAS, ATTA, ASAGUA, AEDYR Y AQUA ESPAÑA?
R.- La interlocución con el sector empresarial, con todos los sectores en general, es esencial. Y lo es más en este período de crisis económica en el que ha sido necesario explicar la política de inversión del Gobierno y las prioridades que la han definido, a la luz de nuestros compromisos con Bruselas.
Un diálogo, además, que ha servido no solo para tomar conocimiento de primera mano de las preocupaciones del sector por la ralentización en la inversión pública, sino también para hacernos eco de su petición de apoyo al proceso de internacionalización en que están inmersas las empresas españolas del sector del agua.
El diálogo bilateral siempre ha existido y existirá con las distintas empresas del sector. Pero quiero resaltar lo provechoso que está siendo el cauce abierto con la empresa española del agua a través de sus asociaciones.
En este sentido me congratulo por la puesta en marcha de la asociación sectorial que agrupa a AEAS, ATTA, ASAGUA, AEDYR y AQUAESPAÑA, y considero muy acertada la iniciativa de unión de las principales asociaciones del sector del agua en una sola agrupación que actúe como interlocutora única.
Considero muy acertada la iniciativa de unión de las principales asociaciones del sector del agua
P.- Las empresas españolas gozan de una posición privilegiada en el sector del agua a nivel mundial, pero su negocio en España está en mínimos históricos. ¿Qué le sugiere esta situación?
R.- El desarrollo de las infraestructuras hidráulicas en España ha sido espectacular en los últimos 20 años, como lo ha sido en general en el resto de las infraestructuras. Ha sido precisamente la inversión pública sostenida la que ha permitido al sector dotarse de unas capacidades competitivas y de unos desarrollos tecnológicos que ahora lo sitúan en la vanguardia mundial.
Eso es muy positivo para nuestro país, no solo para fomentar la internacionalización del sector, sino también para seguir disponiendo de empresas con las que poder, por una parte, ejecutar las infraestructuras que aún necesita este país, necesidades aun notables en el ámbito del saneamiento y, en menor medida, en abastecimiento, y por otra, con las que mantener en buen estado operativo esas infraestructuras, clave para el desarrollo de nuestro país.
La Administración del agua en nuestro país, pues, no se concibe hoy sin la participación del sector privado, aun cuando el volumen en la inversión pública haya descendido consecuencia de la crisis presupuestaria. Pero no concibo un futuro para el agua sin la participación del sector privado, tanto en el diseño y en la construcción de las infraestructuras, como en la gestión y operación de diferentes servicios del ciclo integral del agua.
P.- Como no podía ser de otra forma, los profesionales del sector del agua, especialmente los más jóvenes, han sufrido muy de cerca la destrucción de empleo que ha asolado a España en los últimos años. Muchos de ellos han optado por “hacer las maletas”. ¿Cómo se puede frenar esta fuga de talento?
R.- Volviendo al crecimiento económico de nuestro país, que es a lo que se dirigen las reformas estructurales que está impulsando el Gobierno.
P.- ¿Cómo le gustaría que fuera recordado su legado en el Ministerio?
R.- Como un ministro que debe cumplir con los compromisos asumidos por España en la Unión Europea y que trata de culminar la planificación hidrológica en nuestro país.
